Jason Tockman
¿Cuánto espacio social y político existe para la autonomía indígena en un Estado colonizador multicultural como Canadá, y de qué manera se ejerce esa autonomía, especialmente considerando el interés del Estado en acceder a los recursos naturales que frecuentemente se encuentran debajo del territorio indígena? Este capítulo evalúa las formas de autonomía indígena en Canadá, y analiza cómo los pueblos indígenas en Canadá pueden ejercer los derechos reconocidos por la Declaración de la ONU, con un enfoque en aquellos derechos relacionados más estrechamente con temas de autonomía. Se presentan tres argumentos.
En primer lugar, existe una considerable variación con respecto a cuanta autonomía tiene una nación indígena, que depende de si esta ha firmado o no un tratado o acuerdo con la Corona británica –posteriormente Canadá–, así como la época en la que este fue firmado. Las naciones que han firmado tratados modernos han podido obtener términos más favorables para el autogobierno, en comparación con aquellas que firmaron tratados históricos. Sin embargo, cuando no existe un tratado, las demandas de una nación de su territorio (o “título”) permanecen indeterminadas dentro del sistema legal canadiense, lo cual, a pesar de desventajas, puede reforzar el poder de negociación de la nación debido a las preocupaciones de una compañía privada y el gobierno sobre los costos asociados al avance de un proyecto que puede detenerse en los tribunales, cuando finalmente se reconocen las demandas de título.
En segundo lugar, en la década posterior a la aprobación de la Declaración de la ONU –y a pesar del discurso proindígena del gobierno actual–, Canadá aún no ha podido tomar medidas significativas para aumentar los derechos de los pueblos indígenas, o reducir la discriminación contra ellos respecto a la provisión de servicios públicos. Canadá también se ha resistido a implementar las disposiciones de la Declaración para el consentimiento libre, previo e informado. Finalmente, aunque los procesos de consulta canadienses pueden ser –a veces– mecanismos útiles a través de los cuales las naciones indígenas pueden influir en decisiones sobre proyectos que las afectarían, tal consulta no es aplicada consistentemente en todo el país, a menudo es insuficiente para satisfacer a los pueblos indígenas u obligaciones legales y, por lo tanto, es sujeta a un litigio regular por parte de las comunidades indígenas.
